Para José De Echave de Cooperacción, el Senace “es un fantasma” y duda que pueda cumplir con su papel. |
En el Gobierno existe una tendencia autoritaria en materia ambiental, fue una de las primeras observaciones que se hicieron durante la presentación del informe de conflictos mineros del observatorio minero. El investigador de Cooperacción, José de Echave, manifestó que se han dado una serie de medidas como cambios en los marcos legislativos que recortan derechos y afectan la institucionalidad social y ambiental. En ese sentido, indicó que la aprobación de la nueva Ley 30327 ha generado preocupación en el seno de las organizaciones campesinas e indígenas por el posible impacto en sus territorios. Por otro lado, subrayó que preocupa la brevedad de los plazos que establece y la falta de garantías para los necesarios recursos humanos, materiales y financieros del Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Además, dijo que existe una ofensiva contra instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Añadió que el Senace “es un fantasma” y dudó que pueda cumplir con su papel, pues cuenta con un presupuesto reducido, de S/. 500 millones, mucho menor que el que empleaba el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para revisar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Conflictividad. En el informe se indica que existe una clara predominancia de la conflictividad en la macro región sur donde se desarrolla el 36% de los enfrentamientos, seguido de la macro región norte con 27%. Asimismo indicaron que se aprecia una intensidad en los conflictos, pues el número de heridos ha retomado una tendencia creciente y las personas fallecidas en protestas sociales ya suman 58 durante el actual gobierno. De Echave añadió que de acuerdo a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el 40% de los conflictos internos que se generan en el mundo tienen sus orígenes en temas vinculados a la explotación de recursos naturales. El informe fue presentado por representantes de Cooperacción, Fedepaz y Grufides.
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